República de Colombia Corte Suprema de Justicia




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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



SALA DE CASACION LABORAL
Dr. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ.
Magistrado Ponente
Radicación 9811

Acta 72

Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil tres ( 2003)

Procede la Corte a resolver la impugnación propuesta por el Banco de Bogotá contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil dentro de la acción de tutela que el recurrente le instauró al Juzgado del Circuito de San Andrés Isla hoy Juzgado Segundo Civil del citado Circuito Judicial, la Sala Civil del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina integrada por los magistrados Inés Elvira Gonzalez de Carrillo, Javier de Jesús Ayos Batista y Donald José Dix Ponnefz, con citación de Inversiones Waked y Cia. S. en C.S., Ali Mohamed Waked y Fairuz el Hage de Waked y la Compañía Constructora y Comercializadora Cosur Limitada Cosur Ltda.



ANTECEDENTES
La entidad actora suplicó el amparo tutelar a fin de que se le protejan los derechos “a una justicia pautada y reglada”, a la prevalencia del derecho sustancial y a no inferir injuria al patrimonio obtenido legalmente, que considera transgredidos por los accionados con las providencias emitidas dentro del proceso ejecutivo que le cursó a los terceros citados.
Especifica que le concedió un crédito por $370.000.000 a Inversiones Waked y Cia. S. en C.S., Ali Mohamed Waked y Fairuz el Hage de Waked el que respaldaron con una hipoteca abierta a favor de la entidad financiera sobre algunos inmuebles; que los antes citados mediante escritura pública transfirieron a la Compañía Constructora y Comercializadora Cosur Limitada dichos predios a título de venta, acto que fue aceptado por el Banco a través de su representante legal, pero sin que hubiere la intención ni la expresa voluntad de liberar a los deudores primitivos, como tampoco hubo voluntad de novar las obligaciones que contrajeron los Waked con la entidad bancaria, solamente se aceptó la transferencia o la diputación para el pago según las voces del artículo 1694 del C.C. en concordancia con el 822 del C. de Co. como quedó pactado en la escritura pública No. 2192 de 1998 de la Notaria 30 de Bogotá, documento que omitió leer tanto el Juez Civil del Circuito de San Andrés Islas como el Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que por la deficiencia anotada, los funcionarios judiciales emitieron y confirmaron el mandamiento de pago que el Banco impetró, pero solamente contra la Compañía Constructora y Comercializadora del Sur Ltda, excluyendo a los Waked, lo que en criterio del Tutelante constituye una vía de hecho toda vez que el juez singular y el colegiado consideraron erróneamente que la sustitución de un nuevo deudor da por liberado al primitivo obligado, posición que además carece de apoyo probatorio en el proceso ejecutivo que cursa entre las partes, lo que condujo a que se adoptara una decisión contraria a derecho y además se diera trámite a un incidente de perjuicios contra el Banco, perjuicios por cierto inexistentes.

Por ello suplica que a través de la tutela se adopten las medidas necesarias para que los funcionarios judiciales profieran mandamiento de pago también en contra de los deudores primarios.

La solicitud de amparo fue admitida por la Sala Civil de esta Corte y una vez brindada la oportunidad a los accionados para que ejercieran el derecho de defensa, pasó a resolverla denegándola al considerar en términos generales

que el juez constitucional tampoco esta excento de cometer errores, ni puede considerarse como una tercera instancia, que no son susceptibles de someter al amparo constitucional los autos o las sentencias emitidas en las instancia, concluyendo en que es evidente la improcedencia del amparo impetrado por cuanto el Tribunal efectuó una interpretación razonable del contrato que suscribieron las partes procesales.
Con posterioridad a la sentencia referenciada, el magistrado Alfredo Martinez de la Hoz luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas, alegó la improcedencia de la acción al resaltar que no se infringió ningún derecho de orden constitucional.
Inconforme con la decisión, el actor la impugnó con el objeto de que esta sala la revoque al reiterar los argumentos que dieron pie a la tutela anotando que la Sala Civil no analizó el contenido de la solicitud, pues las providencias judiciales atacadas constituyen una via de hecho por violación al debido proceso en cuanto se basaron en argumentaciones caprichosas y arbitrarias.
A su vez Ali Mohamed Waked como persona natural y en representación de las personas jurídicas citadas como terceros, a través de apoderado judicial suplicó se mantenga la determinación de primera instancia por cuanto contra providencias judiciales no es posible ejercer la acción de tutela bajo los señalamientos de la Sentencia C 543 de 1992. Agregó además que los funcionarios judiciales cuyas providencias se atacan, obraron de conformidad con el ordenamiento jurídico y dentro del ámbito de sus funciones. Acota que la interpretación de normas civiles no puede dilucidarse en sede de tutela por lo que acolita la conclusión de que se usó inadecuadamente este mecanismo de protección.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Carta del 91 instituyó la Acción de Tutela como mecanismo judicial de carácter excepcional tendiente a proteger los derechos constitucionales fundamentales de toda persona cuando estos se vieren transgredidos por las actuaciones u omisiones de cualquier autoridad

pública y en algunos eventos de los particulares.
A su vez el legislador reglamentó la figura aludida, mediante los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000 en los que entre otros temas, inicialmente había contemplado el ejercicio de la acción frente a providencias judiciales que pusieran fin a un proceso, aspecto que fue definido por la H. Corte Constitucional mediante sentencia C 543 de octubre 1º de 1992, declarando inexequibles los artículos 11,12 y 40 del decreto 2591 de 1991 y dejando sin piso la posibilidad de revisar por la vía de la tutela, las sentencias judiciales.

No obstante lo anterior, es preciso decir que sin lugar a dudas es fundamental el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución, ubicado en su Capitulo I, relativo al debido proceso, con el que se exige a los servidores judiciales y administrativos la aplicación de las garantías necesarias a fin de proporcionar a los administrados, decisiones ajustadas a las leyes preexistentes, con observancia de las formas propias de cada juicio.

Pero alegar que éste al igual que otros de semejante rango se transgreden por las decisiones desfavorables de los jueces, es una posición inaceptable pues ha de recordarse que en la administración de justicia no solo interviene el funcionario judicial como tal, sino que las partes y sus apoderados también la integran en la medida que son los beneficiarios de ésta; de allí que los principios de lealtad y acatamiento, entre otros, corresponda a todos cumplir. Por ello el ciudadano que libremente acude a la jurisdicción en busca de solución a su conflicto, se somete también de manera libre, a la decisión que tome la autoridad pertinente, sin interesar su orientación y sin que sea viable desconocerla o pretender modificarla; a contrario sensu, a las partes, a la autoridad judicial y a la sociedad en general les interesa que la determinación expedida goce de firmeza e inmutabilidad, características que conforman la denominada cosa juzgada.

Desde los romanos, la figura en comento constituye uno de los pilares de la sociedad, pues con ella se evitan pronunciamientos contradictorios y se da seguridad a las partes acerca de la definición adoptada.


De tal suerte que al haberse garantizado el trámite legal pertinente y habiéndose ejercido incluso el derecho de la doble instancia, no es procedente pregonar la transgresión a derechos constitucionales.
Por estas razones, entre otras, esta Sala ha considerado que frente a decisiones judiciales no es viable la acción de tutela, independiente de las determinaciones consignadas en dichas actuaciones. Así se pronunció en sentencia del 2 de marzo de 1998 al expresar :
...el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia de 1º de octubre de 1992 tiene el efecto obligatorio, erga omnes, de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la “norma de normas.”
Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de hecho”. Ello será así aún en aquellos casos en que pudiera pensarse que el fallo resulta equivocado, pues de la probabilidad del error no está exenta ninguna decisión humana...”

De igual forma en providencia fechada el 12 de diciembre de 1996 reiterada posteriormente en múltiples oportunidades dijo:


” …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales. Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas.
Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.”

Por lo anterior se confirmará la decisión adoptada por la Sala Civil de Casación.



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de esta Corte el pasado 1o de octubre de 2003.
SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados, mediante envío telegráfico, o cualquier otro medio expedito.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS

LUIS GONZALO TORO CORREA GERMÁN G. VALDES SANCHEZ

ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO

LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ

Secretaria







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